SANTO DOMINGO.-El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, acusó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu de no defender el Banco de Reservas de “la acción abusiva, ilegal y arbitraria del gobierno que lo ha forzado a violentar las normas prudenciales del sistema financiero, entre las cuales se encuentra el encaje legal”.
Afirmó que Valdez Albizu en las declaraciones ofrecidas al país, actuó como “un empleado del gobierno y no como la cabeza autónoma del sistema financiero nacional que debe proteger la institucionalidad de este sector y velar por la buena salud de la economía nacional”.
Indicó que el funcionario atacó a ese Comité de forma despectiva y lo amenazó, por haber denunciado “responsablemente la agresión que víctimiza a la institución que este funcionario tiene la misión y la obligación de proteger”.
Señaló que denunció con datos concretos e irrefutables que el gobierno tomó prestado al Banco de Reservas 900 millones de pesos para financiar pagos de personal y cubrir compromisos con contratistas locales en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, y como consecuencia del incumplimiento del gobierno de la devolución de este dinero, ha colocado en serias dificultades a este banco.
Manifestó que “por más cifras y porcentajes que cite el gobernador del Banco Central sobre el sistema financiero del país, no podrán ocultar el hecho concreto y verídico de la existencia de esta deuda, de su incumplimiento por parte del gobierno en saldarla y de las consecuencias negativas que acarrea para el Banco de Reservas”.
“Tampoco podrá ocultar que el gobierno con este endeudamiento ha incurrido en una mayúscula ilegalidad comprometiendo recursos públicos provenientes del ahorro de la factura petrolera en una inversión o gasto no contemplado por la ley general de presupuesto del Estado”, agregó.
Planteó que al igual que el Banco de Reservas, los fondos de pensiones están amenazados por este comportamiento del gobierno que “se ha empecinado en construir las plantas de carbón de Punta Catalina, a pesar de que son altamente contaminantes, carecen de financiamiento internacional, adolecen de una sobrevaluación de alrededor de mil millones de dólares y nadie puede precisar cuánto finalmente costarán”.
Recordó que el 9 de mayo pasado, la Comisión de Clasificación de Riesgos de los fondos de pensión emitió las resoluciones números 110 y 112, disponiendo 600 millones de dólares de estos fondos para ser invertido en el proyecto de Punta Catalina a través de agencias de bonos propiedad de dos familias acaudaladas del país.
Explicó que “el pecado original, la fuente tanto del comportamiento abusivo e ilegal del gobierno como de los trastornos y dificultades del Banco de Reservas y de los fondos de pensión, es la violación de los términos de la licitación y del contrato ratificado por las cámaras del Congreso Nacional para la construcción de estas plantas de carbón que obligan a la firma contratada a proveer el financiamiento para la obra bajo la modalidad de llave en mano”.
“Como el gobierno violó esta condición al otorgarle el contrato al consorcio encabezado por Odebrecht, asumiendo el financiamiento internacional para este proyecto y, al fallar ahora el financiamiento acordado con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), impedido de ser desembolsado por estar este banco y este préstamo bajo investigación de la justicia del Brasil por corrupción y tráfico de influencia, está cubriendo esta carencia con recursos internos del país”, puntualizó.
En su respuesta a las declaraciones del gobernador del Banco Central, observó que se ha reeditado en el Banco de Reservas y en los fondos de pensión “el abuso de poder, la ilegalidad y la absoluta falta de transparencia que el gobierno ha practicado desde un principio en el manejo del proyecto de Punta Catalina, otorgándole este contrato de manera irregular al consorcio encabezado por Odebrecht con una sobrevaluación de alrededor de mil millones de dólares”.
“A esto se suma el hecho de haber iniciando esta obra sin estudio de impacto ambiental y sin licencia ambiental en violación al artículo 40 de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en terrenos privados sin ningún contrato de arrendamiento, de compra o decreto declarándolos de utilidad pública. También con la construcción de estas dos plantas de carbón, ha violado la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12 que en su artículo 27, en el 4to. Eje ordena descarbonizar la economía nacional y priorizar las energías renovables”, continuó diciendo la declaración del Comité.
En una nota enviada a END, consideró que se debe detener el abuso de poder que ha prevalecido en el proyecto de Punta Catalina antes de que produzca mayores e irreparables daños al sistema financiero, al sistema de pensiones y a la economía del país, castigando con una mayor carga tributaria a los contribuyentes más pobres como son los trabajadores.
Expuso que la opinión pública y la dilucidación abierta, libre y transparente de los abusos de poder es el recurso con que cuenta la sociedad dominicana para oponerse e impedir su materialización, “precisamente cuando el gobierno no respeta la institucionalidad y los responsables de las instituciones no se respetan a si mismo ni a lo que representan, como lo demuestran las declaraciones del gobernador del Banco Central”.
“La sociedad dominicana no debe permitir que el silencio proteja el abuso de poder y debe oponerse a toda forma de intimidación y censura como la que se aplicó recientemente a nuestra declaración sobre el Banco de Reservas, que llegó al insólito extremo de borrarla de las páginas de varios digitales después de publicada”, exhortó.
Dijo que la defensa de la libre expresión de las ideas y el derecho de la ciudadanía a la información, es la garantía de los demás derechos y de ponerles límites a los abusos de poder.
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